Este estudio corrobora la hipótesis de que el régimen económico de la Constitución Política de 1993, una institución jurídica, ha tenido una influencia positiva en el desempeño macroeconómico del país durante las últimas tres décadas, ya que contiene artículos que moldean un modelo de crecimiento promotor de la inversión privada y provee un marco institucional que permite al BCRP y al MEF contar con los instrumentos para llevar adelante una buena gestión macroeconómica.
Lo más importante es que no es una buena idea cambiar el régimen económico de la Constitución vigente en la dirección que proponen sus principales críticos, que es elevar la participación del Estado en la economía creando más empresas públicas o eliminar la categoría constitucional de los contratos. No hemos encontrado razones para retroceder en la ruta de generar instituciones económicas extractivas.
Habría que avanzar, más bien, hacia construir instituciones económicas inclusivas que contribuyan a elevar la tasa de crecimiento de la economía y permitan financiar mejor los derechos fundamentales de los peruanos. El régimen económico de la Constitución contiene artículos que protegen e incentivan el capital físico; sin embargo, no contiene normas que protejan o incentiven, con la misma jerarquía, el capital humano del país, un determinante del crecimiento económico tan o más importante que el capital físico.
